Valdeolivas&García ABOGADOS

miércoles, 11 de mayo de 2011

COHERENCIA PROCESAL

La Juez aplaza el asunto de los ERE´s de Andalucía hasta que se pronuncie la Audiencia.
La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha dejado en suspenso la tramitación de su conflicto de jurisdicción con la Junta de Andalucía "por coherencia procesal" hasta que se resuelvan los recursos planteados ante la Audiencia de Sevilla.
En un auto notificado hoy a las partes, la juez de instrucción 6 acuerda no tramitar de momento ante el Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta por su negativa a entregar las actas de los consejos de gobierno desde 2001.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez basa su decisión en que la entrega de las actas está pendiente de otro recurso de la Junta ante la Audiencia de Sevilla por el mismo tema.
Por lo tanto, la juez Mercedes Alaya ha acordado suspender la tramitación del conflicto de jurisdicción "por coherencia procesal, para evitar tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles o contradictorios", todo ello teniendo en cuenta que las actas "ya están salvaguardadas" pues se encuentran depositadas en un armario acorazado del edificio de los juzgados sevillano.
La Junta de Andalucía, además de pedir que se plantee un conflicto de jurisdicción para que el Supremo diga si debe entregar todas sus actas, recurrió ante la Audiencia por entender que la magistrada "incluyó un nuevo trámite" no contemplado en la ley orgánica de conflictos de jurisdicción.
Las actas, lacradas y selladas, quedaron depositadas el pasado 7 de abril en un armario acorazado de los juzgados a la espera de la decisión del Supremo.
La Junta también criticó que la juez dictase su resolución sobre las actas en forma de providencia y no de auto, ya que la primera está destinada únicamente "a la ordenación material del proceso" y el auto está dirigido a decidir sobre recursos, cuestiones incidentales o presupuestos procesales, y es susceptible de recurso.
La juez mantiene abiertas estas diligencias, derivadas del "caso Mercasevilla", por la aparición en los ERE financiados por la Junta de 72 "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas y 111 irregularidades administrativas.