Valdeolivas&García ABOGADOS

miércoles, 30 de noviembre de 2011

LA LEY DE EMPRENDEDORES EN C-LM

Ley de Emprendedores, precedente en Castilla-La Mancha"

"Otro de los principales avances legislativos llevado a cabo por el Gobierno de Cospedal ha sido la Ley de Emprendedores, Autónomos y Pequeñas y Medianas Empresas de Castilla-La Mancha, precedente de la ley de emprendedores que aprobará el próximo Gobierno de Mariano Rajoy.


Según la presidenta Cospedal, uno de los principales objetivos de esta ley es hacer de Castilla-La Mancha el lugar de España donde menos tiempo se tarde en constituir una nueva empresa, por lo que va a crear un marco estable de compromiso y apoyo a la iniciativa de pequeñas y medianas empresas y autónomos.


Por todo ello, la presidenta autonómica ha concretado que esta ley persigue que los emprendedores y los inversores encuentren en Castilla-La Mancha un marco institucional propicio para la generación de beneficios y creación de empleo, “un clima de confianza, facilidades, seguridad jurídica y previsibilidad”.

 

martes, 29 de noviembre de 2011

CAMBIOS EN LA CUSTODIA COMPARTIDA

 El TC levanta la suspensión cautelar de la Ley de Custodia Compartida de la Comunidad Valenciana
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado levantar la suspensión cautelar de la Ley de Custodia Compartida de la Comunitat Valenciana, al entender que no está acreditada la «gravedad» e «irreversibilidad» en la aplicación de algunos artículos cuestionados por el Gobierno central. El Alto Tribunal ha adoptado esta decisión hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto.
 
El Gobierno autonómico dictó esta ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven --conocida como Ley de Custodia Compartida-- al amparo de la competencia que el Estatuto de la Autonomía de la Comunitat Valenciana atribuye a la Generalitat para conservar, modificar y desarrollar el derecho foral civil valenciano.
 
Sin embargo, el Gobierno central, tras estudiarla, alegó que el texto vulneraba sus competencias sobre legislación civil, así que lo recurrió ante el Constitucional. Este órgano lo admitió y dictó la suspensión cautelar de la normativa.
 
Contra esta decisión, las partes personadas en la causa presentaron varias alegaciones, entre ellas la Generalitat, quien solicitó el levantamiento de la suspensión. Sin embargo, el Gobierno central se opuso al entender que con su aplicación podían producirse algunos perjuicios irreparables. Ante ello, lo primero que dice el TC es que las divergencias de carácter competencial no pueden, por ese solo hecho, llevar irremisiblemente a la suspensión de la norma autonómica, puesto que ello conduciría siempre al mantenimiento de la suspensión de las normas autonómicas impugnadas.
 
En sus alegaciones, el Abogado del Estado consideraba que la opción del legislador valenciano por dar prioridad al régimen de la denominada custodia compartida, aún en los casos en los que no exista acuerdo entre los progenitores, suponía colocar en primer término el interés de éstos en detrimento del superior de los menores afectados. Por ello, pedía que se mantuvieran suspendidos los artículos 5 y el 3.b.
 
Asimismo, esta parte reclamaba la suspensión del artículo 6, que atribuye el uso de la vivienda, siempre que fuera compatible con la conveniencia de los hijos menores, al progenitor que tuviera objetivamente mayores dificultades para el acceso a otra vivienda, con la correlativa obligación de compensar al otro. Según el Estado, esto podría ocasionar perjuicios para el interés tanto del menor como del progenitor que se halle en una peor situación económica tras la ruptura.
 
Según exponía el Estado, estos artículos cuestionados establecerían que, en ausencia de pacto de convivencia familiar entre los progenitores para acordar los términos de la relación con los hijos, la autoridad judicial debe decidir, entre otras cuestiones, acerca de la relativa al régimen de convivencia y/o de relaciones con los hijos menores para garantizar su contacto con ambos progenitores. 
(EUROPA PRESS)

lunes, 28 de noviembre de 2011

INFORME SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Publicado el Lunes, 28 de Noviembre del 2011 por Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer referido al año 2010
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del IV Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer referido al año 2010, tal y como establece el artículo 30 de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

El documento consta de un anuario estadístico con dieciséis apartados que contiene datos estadísticos procedentes de fuentes oficiales; un capítulo de seguimiento y análisis de los barómetros mensuales del CIS; un capítulo con los resultados de la encuesta de opinión sobre violencia de género de junio de 2009 y junio de 2010, y fichas estadísticas individualizadas de cada Comunidad Autónoma y de cada provincia.

El texto aborda la evolución durante el año 2010 en apartados como el número de denuncias, los homicidios, la asistencia integral, los dispositivos de seguimiento de las ordenes de alejamiento en casos de violencia de género, la teleprotección y las llamadas al 016. Asimismo, incluye encuestas sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación y nuevos indicadores como los internos en centros penitenciarios por violencia de género y las víctimas con atención policial activa.

El informe se completa con un resumen estadístico por comunidad autónoma.

Violencia de género e infancia
En 2009 el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer acordó la constitución de un grupo de trabajo que analizase la repercusión de la violencia de género en hijos e hijas de las víctimas. El IV Informe incluye el trabajo realizado por el grupo de trabajo, que establece, entre sus principales conclusiones, la necesidad de visibilizar las situaciones de los y las menores que sufren la violencia en el contexto familiar, y avanzar en la línea de trabajo iniciada en este sentido.

Datos
El anuario recoge datos sobre víctimas mortales, desde 2003 hasta 2010, que han sido 545. En cuanto a las denuncias, en el periodo de 2007 a 2010 llegaron a los juzgados 538.063 denuncias por violencia de género, de las que el 74,1 por 100 fueron interpuestas directamente por las víctimas; el 13,2 por 100 procedían de atestados policiales y servicios de asistencia; el 11,3 por 100 derivaban de partes de lesiones y el 1,5 por 100 fueron interpuestas por familiares y personas allegadas a la víctima.

El informe refleja, a su vez, datos relativos a las autorizaciones de residencia temporal y de trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género: desde 2005 y hasta diciembre de 2010 fueron concedidas 2.301.

A 31 de diciembre de 2010, 5.030 hombres cumplían prisión por delitos cometidos por violencia de género, lo que representa el 10,7 por 100 del total de hombres que cumplen condena en prisión. Además, 296 hombres se encontraban en prisión preventiva por delitos de violencia de género, lo que representa el 2,7 por 100 del total de presos preventivos.

martes, 22 de noviembre de 2011

ENCARCELADO POR "ERROR"

La AN analiza este martes las consecuencias del encarcelamiento por error de un turista en 2009 en Granadaa 
La Audiencia Nacional (AN) ha citado para este martes a un médico para analizar las consecuencias psicológicas que padeció el enfermero madrileño Juan Enrique Tena cuando fue encarcelado por error en Granada durante la Semana Santa de 2009 al ser confundido con un delincuente.
Se trata de una de las pruebas que ha solicitado la representación legal de Tena, que ha indicado a Europa Press que el proceso se mantiene abierto por la vía judicial después de que el Ministerio de Interior acordase indemnizar a su representado con 3.000 euros, una cantidad con la que el perjudicado no está conforme.
 
Además, la abogada sostiene que cabe el recurso a esta indemnización en tanto que el Ministerio respondió a Tena «fuera de plazo», con lo que el silencio administrativo se considera «negativo». La abogada ha presentado ante la AN un escrito por el que reclama un total de 50.000 euros, que es lo que se considera suficiente para resarcir a Tena, que permaneció preso en el centro penitenciario de Albolote (Granada) durante cinco días al ser confundido con un delincuente.
 
No obstante, lo «importante» es que Interior ha reconocido que lo que ocurrió fue «una concatenación de errores» entre las administraciones implicadas y, aunque el Consejo de Estado fija la indemnización en 120 euros por día en prisión, Interior ha decidido elevar el resarcimiento a 600 euros diarios, lo que evidenciaría, en opinión de López, que el Ministerio es consciente del daño causado, aunque no haya tenido en cuenta los dos meses y medio que estuvo de baja el enfermero y los gastos que ha tenido que asumir para ser defendido legalmente.
 
La letrada ha aportado ya el expediente de Interior a la causa abierta en la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se declarara no competente considerando que quien debía pronunciarse al respecto era este órgano.
 
Tena decidió llevar su caso a la vía judicial después de que el pasado mes de marzo expirara el plazo con el que contaba el Ministerio para responder a su reclamación para ser indemnizado, considerándose desestimada su petición por «silencio administrativo». La respuesta se produjo, «aunque fuera de plazo», pero de manera no satisfactoria por Tena, por lo que se mantiene la reclamación por vía judicial.
 
EL SISTEMA, «ERRADO»
 
Para la abogada, las responsabilidades que se exigen a Interior no son por un «error» cometido sino porque el sistema «está errado» y que llega «a su extremo más alarmante» cuando se nutre de identidades de personas que no tienen causas pendientes penales ni judiciales, como ocurrió en el caso de Tena, cuyo nombre fue introducido en el registro a raíz de un accidente de tráfico que tuvo en fecha de 1 de julio de 2007.
 
Juan Enrique Tena, vecino de la localidad madrileña de Griñón, fue detenido en Jueves Santo, el pasado 9 de abril de 2009, por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en un hotel de la capital granadina al ser confundido con un delincuente que estaba en busca y captura, con el que sólo coincidía en el primer apellido. Aunque él insistió en su inocencia, los agentes lo condujeron a la cárcel, puesto que sus datos personales se correspondían con los que constaban en la requisitoria, enviada por la Audiencia Nacional.
 
Un cúmulo de coincidencias derivó en que permaneciera en prisión, puesto que el juzgado se pone en contacto habitualmente, aunque no sea su obligación, con el órgano judicial que ha emitido la orden para comprobar por teléfono los datos de la persona que debe ingresar en el centro penitenciario. Sin embargo, este trámite no se llevó a cabo aquel día porque era festivo --Jueves Santo-- y no había nadie en la Audiencia Nacional para la verificación, que tuvo que retrasarse hasta el lunes, día en que quedó en libertad.
 
El Ayuntamiento de Granada, por otra parte, decidió resarcir al turista y lo agasajó invitándolo de nuevo a la capital para las fiestas del Corpus, en las que fue nombrado 'embajador' de la ciudad, pudo disfrutar de noches gratis en el Hotel Alhambra Palace, fue invitado a comer e incluso a visitar las termas árabes. 
Informó Europa Press 

lunes, 14 de noviembre de 2011

ATENCIÓN Y APOYO

Publicado el Lunes, 14 de Noviembre del 2011 por Europa Press
Justicia crea un protocolo de atención a las víctimas del robo de niños y ofrece apoyo psicológico  a los afectados

El Ministerio de Justicia ha anticipado a varios afectados por el robo de niños durante el franquismo y los primeros años de la democracia que ha elaborado un protocolo de atención a las víctimas de esta causa que comprende apoyo psicológico y legal.

Así lo ha explicado a Europa Press "Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España de la causa de niños robados", tras mantener este viernes un encuentro con Ángel Núñez, el coordinador nombrado por Justicia para estos casos, y con José Antonio Colmenero, el director del Gabinete del ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

La coordinadora, Mar Soriano, junto con el abogado de la asociación Fernando Magán, han aprovechado para reclamar un mayor acceso a la información de los Registros Civiles y la apertura de los archivos para agilizar las búsquedas de los hijos y hermanos que buscan.

Según ha explicado Mar Soriano, los representantes del Ministerio han transmitido su voluntad de apoyar a los afectados por el tráfico de niños a través de un protocolo elaborado por Ángel Núñez que aplicarán las oficinas de atención a estas víctimas.

El letrado Fernando Magán ha precisado que este mecanismo de actuación girará en torno a "una vertiente legal" para agilizar los casos que llegan a las fiscalías y los tribunales, así como para "gestionar abogados de oficio".

Pero además contempla la prestación de asistencia psicológica individual a los perjudicados por las tramas y la concesión de mayores facilidades en el acceso a la información. "Las elecciones no tienen por qué afectar porque no es una cuestión de color político", ha añadido Magán.

Durante la reunión, los afectados por el tráfico de niños han emplazado a Justicia a estudiar las fórmulas oportunas que permitan facilitar la obtención de documentación en los Registro Civiles y los archivos para consultar los datos registrados en los libros hospitalarios y administrativos de fallecidos y nacidos.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya se reunió el pasado febrero con la Plataforma con la que se comprometió a crear un programa específico para que los familiares puedan realizarse pruebas de ADN y encuentren a sus parientes desaparecidos, siempre que lo soliciten los jueces y fiscales encargados de las investigaciones.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

MENOS CONFIANZA

Publicado el Miercoles, 09 de Noviembre del 2011 por Europa Press
Uno de cada tres españoles ve "una pérdida de tiempo" ir a juicio aunque tenga un "grave conflicto"
Los conflictos en materia de consumo y, en menor medida, en asuntos familiares, agresión o robo y los problemas laborales son los que plantean mayores reticencias a la hora de acudir a la Justicia. El sondeo arroja que el 78 por ciento de los encuestados está insatisfecho con esta Adminisración, especialmente por su lentitud en resolver los procesos.
La asociación precisa que la jurisdicción contencioso-administrativa tarda de media unos 30 meses en resolver los conflictos, mientras que el orden de lo laboral es el más ágil al concluirlos en unos 15 meses.
En este sentido, destaca que ocho de cada diez entrevistados tiene una "mala o muy mala" opinión de la Justicia española al considerarla "lenta, cara y decepcionante".
UNA MEDIA DE 8.400 EUROS POR PROCESO
La encuesta, cuyos resultados publicará este noviembre la revista Dinero y Derechos, precisa que el coste de un juicio es variable, pero resalta que los litigantes que llegaron hasta el final del proceso se gastaron 8.400 euros de media repartidos en 1.397 euros en gastos técnicos; 1.566 euros en gastos administrativos; 511 euros en viajes y estancias; y 4.972 euros en pagar los honorarios profesionales del abogado y el procurador, fundamentalmente.
El estudio también revela que el 52 por ciento de los encuestados no quedó satisfecho con la labor de los abogados, otorgando peor puntuación a sus honorarios, iniciativa y seguimiento del caso y prestando una mayor valoración a su confidencialidad y capacidad de hablar y escuchar al cliente. Además, un 13 por ciento de ellos aseguró haber ido a juicio sin letrado.
Ante estas valoraciones, la OCU estima necesario un cambio normativo que permita rebajar los costes del proceso y que la asistencia de letrado y procurador deje de ser obligatoria para la mayoría de procesos.
Además, aconseja a los usuarios que mediten sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de ir a juicio, pregunten por los procesos, plazos, recursos y costes, si deciden emprender acciones legales, y comprueben si tienen tiene derecho a la justicia gratuita.
En el caso de demandar, les propone confirmar antes si el demandado podría declararse insolvente pues el proceso será ineficaz, comprueben si es preceptiva o no la asistencia de letrado para el inicio del proceso y que realicen un seguimiento con el abogado de la marcha del proceso.
Además, les invita a solicitar una hoja de encargo de servicios profesinales donde se detallen todos los honorarios y formas de pago y que estudien las minutas o facturas de los profesionales.

lunes, 7 de noviembre de 2011

MEJOR GESTIÓN DEL TURNO DE OFICIO

Publicado el Lunes, 07 de Noviembre del 2011 por EFE
 
Las asociaciones de abogados han respaldado la creación de una agencia estatal que regule la gestión de la justicia gratuita en toda España y se han mostrado en contra de la privatización de este servicio

Las organizaciones de letrados han apoyado la propuesta del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, de poner en marcha de una agencia estatal para evitar disparidades en el pago de los abogados del turno de oficio entre las distintas comunidades autónomas.
En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), Manuel Valero, ha acogido favorablemente esta idea para garantizar la dignidad de la asistencia jurídica gratuita y la igualdad entre los baremos en las diferentes autonomías.
Valero ha defendido la devolución de las competencias de Justicia y del turno de oficio por parte de la Comunidad de Madrid al Gobierno central al considerar que, desde que las autonomías asumieron estas transferencias, "la gestión ha sido un desastre, salvo honrosas excepciones".
Ha apuntado que la privatización de la asistencia jurídica gratuita no es viable desde el punto de vista jurídico, ya que la normativa europea asegura este servicio a los más desfavorecidos, y no es rentable, porque "la prestación se realiza a precio de saldo".
Por su parte, el presidente de la Asociación Libre de Abogados (ALA), Teodoro Mota, también se ha mostrado partidario de la creación de una agencia estatal que garantice la asistencia jurídica gratuita como derecho constitucional, lo que supondría una modificación de las competencias que tienen algunas comunidades autónomas como Madrid.
Ha expresado su temor de que la devolución de las competencias de Justicia que ha planteado el PP en las comunidades madrileña y valenciana lleve implícita la privatización del turno de oficio por falta de medios económicos para su sostenimiento.
La presidenta de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), Juana Malca, ha señalado que no le parece mal la idea de crear una agencia estatal para unificar los baremos en el pago de los letrados del turno de oficio.
Al mismo tiempo, ha apostado por el mantenimiento del sistema actual de asistencia jurídica gratuita, gestionado por los colegios de abogados, como un servicio público independiente, que no esté adscrito a ningún despacho o grupo.
Malca también ha rechazado la posible privatización del servicio en la Comunidad de Madrid, después de que esta Administración autonómica mostrara su intención de devolver las competencias de Justicia al Gobierno central.

viernes, 4 de noviembre de 2011

MEDIACION CIVIL INTRAJUDICIAL

Mediación Civil Intrajudicial, potencia el acuerdo entre las partes para resolver conflictos en procedimientos civiles 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado al Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid el premio 2011 a la 'Justicia Más Accesible' por su proyecto piloto de Mediación Civil Intrajudicial, que potencia el acuerdo entre las partes para resolver conflictos en procedimientos civiles.
El premio es uno de los tres galardones que concede cada año el CGPJ a los órganos judiciales de toda España y a las entidades públicas que más colaboran en el reto de alcanzar una justicia de mayor calidad.
Los resultados del proyecto piloto demuestran que el porcentaje de casos cerrados con acuerdo de mediación fue del 77%, sensiblemente por encima de la media de otras experiencias parecidas.
Entre los asuntos objeto de la mediación destacaron las divisiones de herencia, la disolución de comunidades de bienes, las actividades molestas en las comunidades de propietarios o las reclamaciones de cantidad, por impago de facturas, por daños y perjuicios, entre otros.
El proyecto galardonado, puesto en marcha a principios de 2010, ha contado con la colaboración del Colegio de Abogados de Madrid, y en él han participado dos licenciadas en derecho y una licenciada en sociología del Servicio Civil de Mediación.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid, Luis Aurelio González Martín, ha considerado que «con la mediación, la justicia se hace más accesible al ciudadano porque se siente protagonista de su administración».
El CGPJ ha valorado el esfuerzo de este juzgado de Madrid al implementar la mediación para descongestionar la carga de trabajo, hacer el proceso más rápido y menos costoso y doloroso para las partes, con lo que se reducen los efectos negativos que conlleva cualquier conflicto.