jueves, 5 de septiembre de 2013
lunes, 6 de mayo de 2013
martes, 5 de marzo de 2013
lunes, 25 de febrero de 2013
CINE SOLIDARIO MANOS UNIDAS 28 FEBRERO
"La verdad de Soraya M."
28 de febrero, Jueves.
Multicines Cinemancha (entrada 5€)
Película “La Verdad de Soraya M.”
Sesiones: 20:00h y 22:30h
Multicines Cinemancha (entrada 5€)
Película “La Verdad de Soraya M.”
Sesiones: 20:00h y 22:30h
martes, 19 de febrero de 2013
20F: "HUELGA DE TOGAS"
HUELGA: Mañana Miércoles día 20 de Febrero de 2013 entre las 11:30 y las 12:30 horas
MOTIVO: Protestar contra la politización del Consejo General del Poder Judicial, la "privatización" del Registro Civil y la "paupérrima" situación de medios personales y materiales que soporta desde hace décadas la Administración de Justicia.
Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.
Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.
Los funcionarios de Justicia también están llamados a concentrarse entre las 11.30 y las 12.30 horas frente a sus centros de trabajo en una acción convocada por los sindicatos CSIF, CC.OO., STAJ y UGT para clamar contra "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los registros civiles que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.
DERECHO DE HUELGA EN UN VACÍO LEGAL
No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo y desde entonces continúa el vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó también fijar servicios mínimos para el día de la huelga general convocada el pasado 14 de noviembre al carecer este derecho de soporte normativo. Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.
Precisamente, la confederación MEDEL, que integra a las asociaciones de magistrados europeos, ha expresado su "completo" respaldo a la huelga de jueces al ver legítima su potestad de ejercer esta medida de acción para censurar la gravedad de las reformas legislativas.
Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.
El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.
lunes, 28 de enero de 2013
LA ABOGACIA CONTRA LAS TASAS
La Abogacía pide a la Audiencia Nacional que plantee cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas y anule la Orden de Hacienda
Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española
La solicitud de cuestión de inconstitucionalidad elevada a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se fundamenta, entre otras resoluciones, en la Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional (TC) que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que "son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables".
El cambio más sustancial de la nueva Ley de Tasas con respecto a sus precedentes radica en la incorporación al ámbito subjetivo de este tributo de los ciudadanos, que hasta ahora estaban exentos y sólo se aplicaba a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación. Además, el criterio de capacidad económica para hacer frente a las tasas no se encuentra suficientemente garantizado con la simple remisión a la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
La elevada cuantía fijada en estas tasas hace que acceder a la jurisdicción sea "ya una quimera para un muy significativo número de españoles y extranjeros". En el análisis de la norma legal derogada, el TC siempre partió de su exclusiva aplicación a "personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al Impuesto de Sociedades y con una facturación anual elevada". Aplicarlo a ciudadanos o personas jurídicas sin ánimo de lucro hace incurrir la Ley de Tasas en vicio de inconstitucionalidad.
En el ámbito objetivo de aplicación de las tasas, su extensión a la jurisdicción contencioso-administrativa hace que en la práctica esté vedado "el control judicial del poder público o de la actividad administrativa en asuntos de escasa cuantía", de menos de 600 euros. De hecho, la completa potestad sancionadora de las Administraciones Públicas no va a ser sometida a contraste de legalidad alguno ante los órganos judiciales.
Respecto al enorme incremento de las cuotas de las tasas, el escrito de la Abogacía demuestra que su efecto disuasorio determina "una inexorable imposibilidad de acceso a la jurisdicción y un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva".
jueves, 3 de enero de 2013
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