ACTO DE CASO FORUM

Catedráticos, letrados y economistas coinciden en que" la responsabilidad del Estado en el caso Forum- Afinsa es objetiva "

El propósito de la Jornada ha sido examinar la relación entre la justicia y los ciudadanos, tomando como base las aparentes contradicciones jurídicas y legales que rodean casos como el antes citado y ofrecer nuevas perspectivas de análisis, desde los ámbitos jurídico, económico, político y social sobre la protección real con que cuenta en nuestro país el ciudadano ahorrador y consumidor.

Durante el coloquio-debate moderado por la periodista Ana Samboal  y celebrado en la Sala de las Columnas del Círculo de Bellas Artes, se ha dado paso a la intervención de seis reconocidas personalidades del panorama jurídico y económico que han expuesto sus opiniones y su forma de trabajar respecto al caso Forum- Afinsa.

Javier Maqueda Lafuente, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad del País Vasco, José Luís Vázquez Sotelo, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, José Manuel Otero Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Consejo Editorial del Consejo General de la Abogacía Española,  Julio Antonio Aranda Roncero, letrado del Colegio de Abogados de Madrid y responsable del área de Derecho Penal del Bufete Marín, Hilario Hernández Marqués. Abogado del Estado y letrado del Colegio de Abogados de Madrid y Socio y Antonio Doñaque Sola Responsable del área de Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual del Bufete Marín y Responsable de los procesos que afectan a los afectados de Forum.

Al acto han acudido decenas de afectados por el caso Forum-Afinsa a los que los ponentes se han mostrado muy cercanos, y han expuesto que "confían en la Justicia" para que se elaboren mecanismos que solucionen el problema que desde 2006 afecta a 460.000 inversores.

Tras una breve explicación y exposición del posicionamiento de cada uno ante el tema, se ha dado lugar al debate durante el que, coincidiendo en la mayor parte de los temas tratados, los participantes han destacado la importancia de que las asociaciones de afectados están unidas para presentar algo concreto a los Grupos Parlamentarios e intentar llegar a un acuerdo.

Al mismo tiempo también han coincidido en que es necesario que el Estado garantice la seguridad y el control respecto a este tipo de entidades, y opinan de manera unánime que la responsabilidad del Estado en el caso es objetiva ya que ambas sociedades estaban legítimamente establecidas.