Las comunidades de vecinos, obligadas a hacer más obras de accesibilidad
Las comunidades de vecinos tendrán que costear más obras de accesibilidad en sus inmuebles de las que pagan actualmente. Unas actuaciones que serán una realidad si queda tal y como está redactado ahora el proyecto de ley que adaptará parte de la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un documento ya aprobado en el Congreso de los Diputados.
El texto, que ahora pasa al Senado, reforma, entre otras, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para obligar a las comunidades a sufragar las obras de accesibilidad que requieran los vecinos con discapacidad o mayores de 70 años y cuyo coste no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. [Pdf: Consulte la debatida normativa de 1960 y modificada en 1999]
Concretamente, el proyecto señala que "la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de 70 años, vendrá obligada a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes".
Hasta el momento, la Ley de Propiedad Horizontal obliga a las comunidades de vecinos en las que haya personas con discapacidad o mayores de 70 años a costear las mejoras de accesibilidad si su importe total no excede de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes. Puesto que los grupos parlamentarios entienden que esta modificación puede suponer un problema para los propietarios con bajos ingresos económicos, han establecido una excepción en la futura norma para excluir del pago de la derrama por obras de accesibilidad a los vecinos cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Esta excepción se aplicará "excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que la unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, privativas o en los elementos comunes, superen el 33% de sus ingresos anuales".
Cocemfe: La nueva normativa se queda corta
Las personas con discapacidad física consideran que la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que se está tramitando actualmente para que las comunidades de vecinos paguen más obras de accesibilidad de las que sufragan ahora se quedará corta y permitirá que siga habiendo ciudadanos con discapacidad "en arresto domiciliario", por lo que trabajarán con los senadores para mejorarla durante su paso por la Cámara Alta.
Mario García, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), cree que la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que se está tramitando actualmente para que las comunidades de vecinos se quedará corta y permitirá que siga habiendo ciudadanos con discapacidad "en arresto domiciliario". Por ello, García ha señalado que trabajarán con los senadores para mejorarla durante su paso por la Cámara Alta.
La reforma supone "un paso" para Cocemfe, que apunta, no obstante, que puede resultar "claramente insuficiente en algunos casos" y mantener "en arresto domiciliario" a muchos vecinos con problemas de movilidad. Y si la futura norma no avanza todo lo que a esta entidad le gustaría no es tanto porque establezca el límite del coste de las obras de accesibilidad en 12 meses como por el hecho de que reconoce excepciones de pago para los propietarios más desfavorecidos económicamente.
Concretamente, la reforma establece una excepción para excluir del pago de la derrama por obras de accesibilidad a los vecinos cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2,5 veces el Iprem. Esta excepción ha sido criticada por el presidente de Cocemfe, que ha asegurado que el objetivo de su entidad no es obligar a pagar estas obras a los vecinos que económicamente no puedan hacerlo, sino buscar fórmulas "imaginativas" para sufragar su parte de la derrama.
Y entre estas fórmulas, García piensa en la de que sea el Gobierno quien se haga cargo de la derrama de los vecinos que no puedan asumirla y recuperar el dinero con la vivienda de esos propietarios, en el momento en que ya no la necesiten.
